Secretaría General de la OEA rechaza propuestas de reformas constitucionales de Ortega

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó y repudió, en un comunicado, la iniciativa de “ley de reforma” de la Constitución Política de Nicaragua presentada por el dictador Daniel Ortega este martes en la Asamblea Nacional.

“A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”, afirma el documento.

En el comunicado, la Secretaría General de la OEA tacha a la propuesta de reforma constitucional de Ortega como “ilegítima en la forma y el contenido” y “constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”.

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Exige el fin de la dictadura

“El pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los derechos humanos. Necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres. El pueblo nicaragüense necesita el fin de la dictadura”, exige el comunicado.

Por último, la nota insta a que el rechazo a la dictadura Ortega Murillo y sus acciones debe seguir siendo total y la presión diplomática sobre el régimen dictatorial conyugal debe redoblarse, para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado.

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Las reformas de los Ortega Murillo

La reforma constitucional enviada a la Asamblea Nacional por el dictador Daniel Ortega establece que el Estado de Nicaragua pasará a ser “revolucionario” con dos copresidentes con poder absoluto y la potestad de nombrar vicepresidentes a dedo. En este caso, los copresidentes serán Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Además, Ortega y Murillo elevan de cinco a seis años el periodo presidencial, imponen las banderas del Frente Sandinista (FSLN) y del ejército del general Augusto C. Sandino como símbolos patrios y se adjudican el “poder del pueblo” representado en la Presidencia de la República.

En la reforma al artículo 132, se destruye la independencia de poderes, pues establece que el poder Ejecutivo coordinará a los otros tres: Legislativo, Judicial y Electoral.

En la reforma constitucional, los dictadores también otorgan legalidad a los grupos paramilitares y a las unidades de represión y espionaje político que mantiene activos desde el año 2018 en Nicaragua a los que en la propuesta de reforma llaman “cuerpo auxiliar y de apoyo” a la Policía Nacional.